MADRID (AP) — La ley de suicidio asistido de España está en el punto de mira después de que los médicos permitieran la muerte de un exguardia de seguridad que enfrentaba un juicio por haber irrumpido en su antiguo lugar de trabajo hace un año, disparando e hiriendo a tres personas y luego a un policía.
Eugen Sabau, conocido en España como «el pistolero de Tarragona», solicitó la eutanasia en junio, seis meses después de quedar tetrapléjico cuando la policía lo sometió en un tiroteo tras el ataque del 12 de diciembre. 14 en la ciudad nororiental.
Las víctimas habían argumentado que no se debería ayudar a Sabau a morir antes de su juicio, pero dos tribunales españoles dictaminaron que prevalecía el derecho del acusado a buscar el suicidio asistido. El hombre murió el martes en una prisión en el noreste de España.
En marzo de 2021, España se convirtió en el cuarto país de Europa en permitir el suicidio asistido por un médico para pacientes con enfermedades incurables y para personas con condiciones permanentes insoportables.
Un juzgado de Tarragona dictaminó que Sabau padecía un dolor insoportable sin posibilidad de alivio y acordó con la comisión médica retrasarlo hasta después del juicio vulnerando la dignidad y los derechos del acusado.
José Antonio Bitos, abogado del policía herido, dijo el miércoles que la ley de suicidio asistido de España se había promulgado apresuradamente y debería reformarse para evitar casos similares en el futuro. Dijo que el caso sentó un precedente y podría ser utilizado por acusados que se encuentran en circunstancias similares y enfrentan largas sentencias si son declarados culpables.
Ramón Riu, experto en derecho constitucional, dijo a Televisión Nacional de España que el caso “es un precedente y seguramente los tribunales lo tendrán en cuenta en el futuro pero no estarán obligados a seguir el mismo criterio”.
Bitos llevó el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no logró obtener una suspensión. Dijo que espera que el tribunal estudie el caso e inste a España a hacer cambios.
Sabau, un rumano con residencia española, tenía problemas con la empresa de seguridad privada para la que trabajaba y había advertido a varios compañeros que se vengaría. Bitos dijo que nunca se disculpó por lo que había hecho.
El abogado dijo que ahora no estaba claro cómo las cuatro víctimas que sufrieron heridas graves pueden reclamar una compensación dado que no habrá juicio.
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