El Gobierno ha optado por la subida recomendada por los expertos y ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, pero sin el apoyo del empresariado
El Gobierno español subirá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 8% en 2023 hasta los 1.080 euros mensuales, repartidos en 14 pagas. Así lo acordó el martes 31 de enero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con los sindicatos tras una jornada maratónica de negociaciones, aunque fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien hizo el anuncio durante su comparecencia en el Senado .
La organización CEOE del empresariado español, por tercer año consecutivo, volvió a negarse a firmar un acuerdo tripartito y se negó a sentarse a la mesa de negociaciones. Acusó al Ministerio del Trabajo de «traidor» por no cumplir con el acuerdo alcanzado con la reforma laboral. La tensión entre el Gobierno y la patronal crece tras las últimas declaraciones de miembros de Unidas Podemos contra algunos empresarios, en especial Juan Roig, presidente de Mercadona. Sánchez, que el martes criticó a las empresas que pagan «primas millonarias» a sus directivos y «no ofrecen ni un centavo» a sus trabajadores, poco hizo para paliar el enfado.
La subida de 80 euros mensuales beneficiará a unos 2,3 millones de trabajadores -según estimaciones del sindicato CCOO- y tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de enero. Empresas y autónomos asumirán este año un sobrecoste de más de 3.000 millones de euros por este nuevo incremento, según cálculos de SUR, ya que cada trabajador supondrá un sobrecoste de más de 1.500 euros entre salario y cotizaciones.
Con el anuncio, el Gobierno ha apostado por la subida recomendada por el comité de expertos, que el pasado mes de diciembre remitió al ministerio un informe en el que estimaba que el salario mínimo debería situarse entre 1.046 y 1.082 euros mensuales para llegar al 60% de la media que es un compromiso del ejecutivo para cumplir con la Carta Social Europea.
El pacto con los sindicatos no ha sido fácil. La primera reunión encabezada por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, fracasó en su intento de llegar a un acuerdo antes de que Díaz tomara las riendas de la negociación.
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